Tasación pericial contradictoria: cómo impugnar la valoración de Hacienda con tu propio perito

Qué es la tasación pericial contradictoria

La tasación pericial contradictoria (TPC) es un mecanismo de impugnación específicamente tributario, regulado en el artículo 135 de la Ley General Tributaria (LGT), que permite al contribuyente discrepar formalmente de la valoración asignada por la Administración a bienes o derechos, proponiendo la intervención de un perito de su elección que emita una valoración alternativa.

Es la herramienta más eficaz frente a las comprobaciones de valor de la Administración tributaria, especialmente habituales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), cuando la Administración autonómica considera que el valor declarado por el contribuyente es inferior al valor real de los bienes transmitidos.

Cuándo procede solicitar la tasación pericial contradictoria

La TPC procede cuando la Administración ha realizado una comprobación de valores que el contribuyente considera incorrecta. Los supuestos más frecuentes son:

• Herencias en las que la Administración autonómica eleva el valor de los inmuebles heredados por encima del precio de mercado real.
• Compraventas de inmuebles donde el valor comprobado por la Administración supera el precio escriturado.
• Donaciones de participaciones en sociedades donde la Administración aplica una valoración de las participaciones superior a la declarada por los contribuyentes.
• Transmisiones de negocios o empresas donde el valor comprobado no refleja la situación real del activo.

Plazos para solicitar la TPC

La solicitud de TPC debe presentarse:

• En el plazo de un mes desde la notificación de la liquidación provisional derivada de la comprobación de valor, si no se ha presentado recurso de reposición ni reclamación económico-administrativa.
• O en el plazo de un mes desde la notificación de la liquidación definitiva, si se presentó recurso o reclamación y en ellos no se impugnó la valoración.

Atención: la solicitud de TPC suspende automáticamente el ingreso de la deuda tributaria derivada de la comprobación de valor, sin necesidad de aportar garantías. Este es uno de sus efectos más favorables para el contribuyente.

Cómo funciona el procedimiento de la TPC

Paso 1: Solicitud y designación del perito del contribuyente

El contribuyente presenta la solicitud de TPC ante la Administración tributaria competente, designando en ese mismo acto a su perito (o indicando que desea que sea designado por el colegio profesional o la corporación de derecho público correspondiente). El perito puede ser un arquitecto, economista, ingeniero u otro profesional titulado según la naturaleza del bien a valorar.

Paso 2: Los peritos emiten sus valoraciones

Una vez designados, el perito de la Administración y el perito del contribuyente emiten cada uno su valoración motivada del bien o derecho. Si la diferencia entre ambas valoraciones no supera ni el 10% del valor comprobado por la Administración ni 120.000 euros, se aplica la valoración del perito del contribuyente como valor comprobado a efectos tributarios.

Paso 3: Designación del perito dirimente (si hay discrepancia)

Si la diferencia entre las dos valoraciones supera los límites anteriores, se designa un tercer perito dirimente. Este tercer perito es designado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas, o por el colegio o corporación profesional pertinente según la naturaleza del bien. Sus honorarios son compartidos por ambas partes.

Paso 4: La valoración dirimiente es vinculante

La valoración del perito dirimente es vinculante para ambas partes, aunque puede ser impugnada judicialmente si vulnera principios legales (falta de motivación, indefensión, error manifiesto). La liquidación definitiva se practica sobre la base de la valoración dirimiente.

Claves para ganar una tasación pericial contradictoria

• Elección estratégica del perito: el perito del contribuyente debe conocer en profundidad el mercado inmobiliario o el tipo de activo valorado en la zona geográfica concreta. Una valoración genérica basada en valores de referencia genéricos no convence al perito dirimente.
• Informe fundamentado en comparables reales: la valoración más sólida es la que se apoya en transacciones reales de bienes comparables en la misma zona y en fechas próximas a la transmisión. Los registros de transacciones del Colegio de Registradores y las estadísticas notariales son fuentes de referencia clave.
• Identificación de los defectos del informe de la Administración: muchas comprobaciones de valor de la Administración autonómica aplican métodos automáticos (coeficientes multiplicadores del valor catastral) que los tribunales han declarado inválidos reiteradamente por falta de motivación individualizada.
• Coordinación con la estrategia jurídica: la TPC no excluye la vía de recurso ordinario. En algunos casos, la mejor estrategia es impugnar simultáneamente tanto la valoración (vía TPC) como los posibles defectos formales del procedimiento de comprobación (vía reclamación económico-administrativa).

TPC vs. recurso contencioso-administrativo: ¿qué conviene más?

La TPC es más rápida que el recurso judicial y suspende automáticamente el ingreso sin garantías. Sin embargo, la valoración dirimiente puede no ser favorable si el tercer perito no está bien informado sobre el mercado local. En casos donde hay defectos formales en el procedimiento de comprobación de valores (falta de motivación, método inadecuado), el recurso contencioso puede ser más efectivo que la TPC para conseguir la anulación total de la comprobación.

La decisión entre TPC y recurso —o la combinación de ambas vías— requiere un análisis técnico específico de cada caso. En ValiTax, analizamos la comprobación de valor recibida y recomendamos la estrategia de impugnación más adecuada. Contáctenos en Contacto@LRB.es o en el +34 684 234 831.

Conclusión

La tasación pericial contradictoria es una herramienta eficaz y poco utilizada por los contribuyentes frente a las comprobaciones de valor de la Administración. Su principal ventaja es la suspensión automática del ingreso sin garantías y la posibilidad de obtener una valoración más ajustada a la realidad del mercado. Un perito con experiencia y metodología sólida puede reducir significativamente la base imponible comprobada y, con ello, el impuesto a pagar.